De aprobarse el proyecto enviado por el Ejecutivo respecto a la banca privada, pocas dudas existirían que ella habría sido estatizada. La medida no sería sino el último paso, o uno de los últimos pasos, que el Gobierno ha dado para que esa actividad económica pase a su completo control. Lejos están los días en que los gobiernos confiscaban o estatizaban inversiones o empresas dictando leyes o decretos en que abiertamente así lo reconocían. Hoy los gobiernos que aún creen en las bondades de tales medidas llegan al mismo objetivo de una manera indirecta, más sutil, menos explícita. Saben del costo político que significa llamar por su nombre a una confiscación, por lo que optan por etiquetarla como “reformas tributarias”, y cosas similares. Y por esa vía, por la vía de la presión indirecta, de la regulación aparentemente jurídica, llegan al mismo resultado de antaño.

En una nación con una corte constitucional y un sistema judicial independiente, no se diga con un parlamento serio, al Ejecutivo ni siquiera se le hubiese ocurrido anunciar el proyecto. Y de aprobárselo, el país habría estado seguro de que sería suspendido por los tribunales. Es gracias a que no existe una corte constitucional y un sistema judicial independiente, que el Ejecutivo puede estatizar así nomás la banca privada, y mañana cualquier otra actividad. Sabe que no existe ningún poder que detenga o controle sus acciones. Sabe que puede enviar un proyecto de reformas tributarias por la vía urgente a pesar de que la Constitución manda que debe hacerlo por la vía ordinaria; sabe que puede proponer impuestos confiscatorios, discriminatorios y que implican la toma de derechos privados sin previa indemnización en violación de la Constitución e instrumentos internacionales. Sabe que puede hacer eso y mucho más porque, con raras excepciones, las juezas y los jueces de la corte constitucional y los tribunales de justicia están a su servicio, están allí para darle gusto.

El moderno derecho internacional ha desarrollado el concepto de “creeping expropiation” para identificar lo que ha sucedido con la banca nacional. Es una medida que cumple el propósito de una confiscación pero sin ese nombre, y que se adopta en base al abuso del poder regulador que lleva a un punto de control que equivale a una toma directa de los derechos privados. Tan discriminatorio ha sido que esa muletilla de que los accionistas de la banca, entre los que hay miles de ahorristas, han ganado “demasiadas utilidades” ignora que existen otras actividades económicas que han cometido el mismo delito de la banca sin ser castigadas. Han sido eficientes, han pagado sus impuestos y han hecho más utilidades que la banca.

Porque de eso se trata, de un castigo público, y no a un candidato presidencial, sino al éxito económico propiamente dicho. Habría en esta visión una suerte de vergüenza pública a la prosperidad económica. No importa que paguemos nuestros impuestos, lo que al parecer está prohibido ahora es lograr grandes recompensas económicas por nuestro trabajo y perseverancia.